Persona políticamente expuesta: quién entra y qué cambia al firmar

Un cliente nuevo rellena el formulario de alta. El screening vuelve con una coincidencia: persona políticamente expuesta. ¿Y ahora qué?

En muchas empresas la respuesta honesta es encogerse de hombros y mandar un correo interno. El término aparece en toda la normativa de prevención del blanqueo, y casi nadie fuera de una mesa de cumplimiento bancario sabe a qué obliga.

Así que vamos a lo concreto. Un PEP es un cliente que ocupa, u ocupó hace poco, un cargo público relevante, junto con sus familiares cercanos y sus allegados conocidos. La coincidencia no dice que el cliente sea un delincuente. Dice que el dinero bajo su control tiene más probabilidad que la media de venir de la corrupción, y que debe usted mirar con más cuidado antes de hacer firmar nada.

La definición viene del GAFI, en las recomendaciones 12 y 22, y cada régimen nacional la copia con redacción propia. El screening es una obligación dentro del régimen de prevención del blanqueo, distinción que se detalla en KYC y AML. En Argentina la definen las resoluciones de la UIF, en México las disposiciones de carácter general que aplican la CNBV y la UIF, en Colombia el decreto que regula la materia junto con el SARLAFT, y en Chile la normativa de la UAF. España es la excepción de vocabulario: allí la Ley 10/2010 la llama persona con responsabilidad pública. La Comisión Europea publica además una lista de funciones públicas importantes por Estado miembro.

Cargo público relevante significa poder real sobre dinero público o sobre decisiones públicas. Jefes de Estado y de Gobierno. Miembros del Gobierno y parlamentarios. Magistrados de tribunales supremos cuyas decisiones no admiten recurso ordinario. Oficiales generales. Miembros de órganos de dirección de bancos centrales. Embajadores. Directivos de empresas públicas. Dirigentes de partidos políticos.

Los funcionarios de rango medio y bajo quedan fuera. Un inspector de Hacienda no es PEP. Un ministro de Economía sí.

Por qué existe la categoría

El dinero de la corrupción tiene que salir del país del que se sustrajo, y necesita una relación de negocio con apariencia legítima para hacerlo. Las reglas de PEP existen porque ese patrón se repitió lo suficiente como para convertirse en norma.

Por eso mismo alcanzan más allá del propio cargo. Nadie blanquea en su nombre si un cónyuge o un socio puede hacerlo.

PEP extranjero ocupa un cargo relevante en otro país. Esta categoría lleva casi en todas partes la calificación de riesgo más alta, y en la mayoría de regímenes las medidas reforzadas son obligatorias en vez de basadas en riesgo.

PEP nacional ocupa el cargo en el propio país. El tratamiento suele basarse en riesgo: usted evalúa y aplica medidas reforzadas donde la evaluación lo indique.

La tercera categoría son las personas con cargo relevante en una organización internacional: directores, directores adjuntos y miembros de consejo de organismos como la ONU o el Banco Mundial.

Familiares y allegados

Esta es la parte que las empresas se saltan, y ahí está la mayor parte de la exposición real.

Los familiares cubren por lo general al cónyuge o pareja, hijos y sus parejas, y padres. Los allegados cubren a quienes son titulares reales de una sociedad conjuntamente con el PEP, y a quienes ostentan una estructura constituida en beneficio del PEP.

En las herramientas de screening este grupo aparece como RCA, familiares y allegados. Un cliente puede ser perfectamente anónimo y aun así ser allegado de quien no lo es.

No hay una respuesta única, y esta es una de las preguntas más repetidas en todos los idiomas.

La posición del GAFI es que la condición no caduca en una fecha fija. Usted valora el riesgo residual: qué tan alto era el cargo, cuánta influencia le sobrevive, si la persona sigue pesando sobre las mismas instituciones.

Los regímenes nacionales ponen después suelos debajo de eso:

• En América Latina el plazo posterior al cese lo fija cada unidad de inteligencia financiera por resolución, y cambia con cierta frecuencia: compruebe el vigente con la UIF en México o Argentina, la UIAF en Colombia, la UAF en Chile o la UIF-Perú antes de escribirlo en un procedimiento
• Brasil trabaja con cinco años desde el fin del ejercicio
• La Unión Europea exige al menos doce meses de tratamiento continuado tras el cese, y después seguir con criterio de riesgo
• En Estados Unidos la guía del manual BSA/AML se basa en riesgo, sin corte fijo

Una exministra que cesó hace catorce meses no queda limpia automáticamente. Si la respuesta a "sigue esta persona influyendo en la contratación pública?" es sí, el tratamiento reforzado continúa.

Cuatro cosas, y ninguna es "rechazar la relación". Las cuatro se suman al proceso KYC corriente que usted ya ejecuta.

1. 1
   La alta dirección autoriza. Alguien con autoridad real en la empresa, y no quien hizo el alta, debe aprobar iniciar o mantener la relación. Por escrito.
2. 2
   Usted establece el origen del patrimonio y el origen de los fondos. Son dos preguntas distintas. El origen del patrimonio pregunta cómo se formó la fortuna en conjunto. El origen de los fondos pregunta de dónde sale el dinero concreto de esta operación. Una nómina no responde por sí sola a ninguna de las dos.
3. 3
   El seguimiento se aprieta. Revisión más frecuente, umbrales de alerta más bajos y alguien que lea las alertas de verdad.
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   El screening vuelve a correr, no una sola vez. La gente se convierte en PEP después del alta. Un cliente corriente que gana unas elecciones en marzo es PEP en abril, y solo un screening periódico periódico se lo va a contar.

Conviene ser franco sobre el coste: esto es carga de trabajo real, y por eso hay empresas que esquivan la coincidencia en lugar de tratarla. Esa huida es un problema regulatorio en sí mismo, y se trata más abajo.

Hay que decirlo con claridad, porque muchas empresas lo entienden al revés.

Una coincidencia PEP es un indicador de riesgo, no una acusación. Ocupar un cargo público no es delito, y rechazar a toda una categoría de clientes porque atenderlos incomoda tiene nombre en el lenguaje supervisor: de-risking. El GAFI lo ha criticado repetidamente, con el argumento de que empujar a personas fuera del sistema financiero regulado hace su dinero más difícil de rastrear, no más fácil.

La respuesta correcta a una coincidencia es más escrutinio, documentado, con decisión al nivel adecuado. No un correo educado de rechazo.

Hay un corolario incómodo. Si rechaza PEP por defecto, nunca construye el procedimiento, y el día que un inspector pregunte cómo los trata usted no tendrá nada que enseñar.

El screening PEP suele vivir en un sistema distinto del contrato que protege, y en esa separación es donde la prueba se deshace.

El patrón es conocido. Alguien pasa al cliente por una herramienta de screening, exporta un PDF y lo archiva. Semanas después el contrato sale por una herramienta de firma que no sabe nada de eso. Cuando un inspector pregunte qué sabía usted de este cliente en el momento de comprometerse, tendrá dos documentos, dos sellos de tiempo y ningún vínculo entre ellos.

Ejecutar el screening dentro del flujo de firma elimina ese hueco. La comprobación de identidad, el resultado de PEP y sanciones y la propia firma acaban en una sola traza de auditoría, anclada para que el registro no pueda retocarse después. La autorización de la alta dirección se une al mismo expediente en vez de vivir en un buzón.

De paso resuelve el problema del screening periódico de la forma menos vistosa posible: si el screening forma parte de cómo se firman los documentos, vuelve a ocurrir cada vez que el cliente firma algo.

Revisar en listas al cliente y parar ahí. Los familiares y allegados son donde se esconde la mayor parte de la exposición, y una comprobación solo por el nombre del cliente no los saca a la luz.

Tomar la coincidencia por veredicto. Un positivo es un punto de partida. Las listas de screening funcionan por parecido de nombres y producen falsos positivos constantemente, y por eso la decisión de descartar tiene que quedar escrita.

Revisar en listas una vez en el alta es el tercer error, y el más común. La condición cambia con elecciones y nombramientos, y un expediente limpio en enero puede ser un expediente PEP en verano.

Guardar el resultado del screening en sitio distinto del contrato. Dos registros que no se referencian son difíciles de defender, aunque cada uno se sostenga por separado.

Una persona políticamente expuesta es un cliente cuya posición hace más plausibles los fondos de corrupción que en la media. La obligación que sigue no es el rechazo, es la prueba: autorización de la alta dirección, origen del patrimonio, seguimiento más apretado y screening que se repite.

Los dos fallos que conviene evitar son opuestos. Uno es tomar la coincidencia como razón para marcharse, lo que el supervisor lee como de-risking. El otro es tratarla como formalidad, con una comprobación en el alta y nada más.

Si solo va a arreglar una cosa, arregle el vínculo entre el resultado del screening y el contrato firmado. Es esa pareja la que le van a pedir junta, y reconstruirla semanas después desde dos sistemas es el momento en que las empresas descubren que su procedimiento solo existía sobre el papel.